Opacidad y clientelismo son los dos elementos que caracterizan la operación de los llamados Servidores de la Nación, coinciden académicos de la Universidad de Guadalajara, quienes señalan que no se cuenta con un marco jurídico para regular sus actividades e incluso caerían en responsabilidades penales por empadronar y entregar apoyos sociales a nombre del Presidente, pero en clara promoción de la estructura de un partido político, lo que configuraría un delito electoral.
La doctora, Alicia Gómez López, coordinadora de la Maestría de Políticas Públicas mencionó:
“Eh son una anomalía administrativa por decirlo así, porque no se presentan ni como empleados de la Secretaría del Bienestar, ni como empleados de la Coordinación de Programas de Desarrollo, en todo caso de la Presidencia de la República, esa ambigüedad es parte del problema, pero se sabe que son la estructura de Morena trasladada a la estructura que opera los tres programas sociales”.
El otro aspecto crítico, es que falta transparencia en la operación de estos Servidores de la Nación.